“No hacen falta políticas públicas sino acción pública”, dice Gustavo Segovia, sociólogo, recibido en la UNSAM. Desde enero último encabeza la flamante Dirección de Integración y Políticas Post Carcelarias de San Martín (DIPP). Segovia conoce desde adentro la vida en los penales. En esta entrevista da un panorama de la situación de las personas privadas de libertad y del papel del Estado.

Aunque ya no está es uno de los fundadores de la asociación FADELI de Familiares de Detenidos y Liberados, además de dar un panorama de la situación de las personas privadas de libertad, informa y explica cómo funciona la DIPP. Sobre los liberados es claro: se los debe integrar a la sociedad para que no vuelvan más a la cárcel. Y para esto el Estado debe actuar en concreto.

En una pequeña y básica oficina la DIPP, en el tercer piso de la municipalidad de San Martín, entrevistó en unos pocos meses a más de 270 familias de liberados. Gustavo Segovia, con organizaciones de detenidos y liberados, se la pasa en el territorio, en los penales de San Martín y en los barrios.

Su premisa es esa: hay que actuar. “No hacen falta políticas públicas sino acción pública” piensa, practica y repite a quien le pregunta. En esta entrevista habla de la DIPP y de los planes de la flamante dirección. Pero también de la situación de las personas privadas de libertad, algo que él no necesita que le cuenten, de los prejuicios y de la forma de integrar a los liberados. 

-En 2023 se cumplen 40 años de democracia ¿En este lapso cambiaron las condiciones de las cárceles?

-Qué pregunta compleja para abordarla en muy pocos minutos. Digamos que en estos 40 años, lo que tiene que ver con el contexto de encierro en la provincia de Buenos Aires, se profundizó. No le echemos la culpa a la democracia. Sino al sistema. El sistema capitalista, el neoliberalismo han profundizado para peor el contexto de encierro. Los prejuicios de la sociedad se ven en las cárceles. Es lo mismo adentro y afuera.

-La sociedad es prejuiciosa con el privado de libertad…

-No solo con el privado de libertad, sino con varias categorías. Con el colectivo trans. Con las diversidades sexuales. Estigmatiza a las personas que viven en barrios de emergencia. Porque se visten de una manera. Porque hablan de una manera. Por el color de piel. Porque usan una vicerita. Esta es la sociedad que tenemos después de 40 años democracia. Y en la cárcel estas cuestiones se profundizan no para mejor sino para peor. Además se han construido más cárceles en la provincia de Buenos Aires. Si no recuerdo mal tenés casi sesenta y pico de unidades carcelarias. Hoy tenés casi 63.000 personas detenidas; entre 5.000 y 6.000 personas cumplen arrestos en la comisaría; más los arrestos domiciliarios; más los pulserita. Esto se fue profundizando para peor.

-¿Esa misma visión prejuiciosa, estigmatizante, la tienen las y los gobernantes? ¿Ven de otra manera la situación desde los municipios?

-Particularmente te voy hablar de dos casos. El primero Morón. Tomó la decisión de crear una dirección parecida a ésta (a la Dirección de Políticas Post Carcelarias de San Martín DIPP, que encabeza Segovia). Es muy parecida, pero no tan específica como la nuestra. Hace poco estuve con Andrea Casamento, que fue directora de Inclusión para Liberados, de Morón. Es una compañera y una amiga. Y hoy integra el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT). El otro San Martín. Tené en cuenta que en San Martín esta construcción me llevó diez años. Esto implica diez años de construcción política y social. Luchar permanentemente con una organización, que es FADELI, Familiares de Detenidos y Liberados. Yo fui de los fundadores, pero no estoy más. Esa entidad charló con (Gabriel) Katopodis (ex intendente del distrito, actual ministro nacional de Obras Públicas). Con el intendente, Fernando Moreira. Con el actual jefe de gabinete, que era hasta hace poco secretario de Seguridad y Gobierno, José María Fernández. Para hacer entender que hace falta tener una mirada más humanista. Una mirada más integradora. Esta es la discusión que se dio. Y así desembocó esta dirección (la DIPP) que se fue generando a través de lucha,  marchas y charlas. Y tiene ese componente de integración y de política post carcelaria. Es bien específica. Y después hay otro espacio en La Matanza.

-¿Hacia dónde apunta la DIPP?

-¿Y por qué la DIPP? Acá también tenemos el Observatorio de Violencia Institucional que se presentó en 2017 en la UNSAM y en abril de 2019 le dieron fuerza de ordenanza. Y en enero de este año se crea la DIPP. Particularmente esta dirección apunta primero a los liberados. Ahí nosotros los entrevistamos, asistimos, los acompañamos. Tenemos un convenio simbólico de cooperación, decimos así porque todavía no está firmado, con el Patronato de Liberados de la provincia. Este convenio es histórico. Porque desde el ´83 no se venía trabajando, más allá de tener alguna dirección parecida o programa.  Pero bien específico nunca se dio. Y nosotros ahora articulamos con la mayoría de las secretarías, con manos Solidarias, con San Martín Emprende. También con la CUSAM (centro universitario de la UNSAM en la Unidad Penal Nº 48 del Complejo penitenciario San Martín). No por casualidad se dieron cuatro talleres. El último de salud mental.

-¿Es un tema el de la salud mental de los liberados no...?

-No solo los que salen del inframundo. Hay ahí una suerte de subcultura muy particular, lo que significa la cárcel. Es prioritario para nosotros porque además hay que romper con otro estigma. En la sociedad llevamos una careta puesta y también vivimos una ficción. La cárcel, la sociedad, son escenarios con sus complejidades. Nosotros entramos a ese inframundo, rompimos esa barrera, para llevar la discusión bien adentro. Muchas veces los que están presos no son los que deben estar presos. Y los que deben estar presos andan sueltos en la calle. Bien decía un compañero mío: son los de cuello blanco ¿No tiene que estar preso alguien que le pide al Fondo Monetario Internacional un préstamo que no se sabe dónde fue? Y está preso el que vive en una villa, en un barrio de emergencia, porque es pobre. Es una franja que viene de sectores muy vulnerables.

-¿Las organizaciones de la sociedad civil y de familiares acompañan la tarea de romper estigmas integrar?

-Si, acompañan. Eso requiere también una pedagogía. Muchos de ellos están cansados de que les mientan. Y cuando se encuentran frente a esta situación, que es el resultado de un montón de variables, bueno (piensa)… Porque la delincuencia hay que entenderla, y para eso hay que, antes de analizarla, comprenderla y hacer ciencia. Yo siempre digo: hay que hacer sociología en cada caso particular y entender el por qué. Vulnerables, pobres, estigmatizados. Falta de educación, de vivienda digna, de trabajo digno, la falta de oportunidades. La falta de un montón de cosas. Y no todos los que están en la cárcel son delincuentes. Los casos de estupefacientes en los que va preso el perejil, y no cae el verdadero cabecilla. Hay causas armadas. Y los abogados que juegan con la necesidad. Les sacan la poca plata. Las cárceles están superpobladas. Dicen que en las unidades debe haber 430 personas y hay una flota de 1.450.

-¿Qué aportan el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario ante este contexto?

-Sistemáticamente el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario son parte de la misma familia. No te digo que son todos así; algunos penitenciarios van comprendiendo esta mirada. Hay que separar. Hay algunos buenos, y otros malos. Pero es imposible garantizarles derechos como la educación, la salud y el trabajo a las y los detenidos, con esa superpoblación y esa visión estigmatizante. Con esto se violenta la Constitución Nacional y los pactos internacionales sobre derechos de las personas detenidas.

-¿Y la DIPP cómo avanza en su tarea?

-Nosotros articulamos con varias cooperativas y comedores donde transitan personas liberadas que vamos acercando. Está el caso de la Cooperativa La Casita que se formó  con liberados salidos de las unidades 48 y tenía de la 47 y 46. El municipio les dio un stand para que vendan sus productos, y les compra algunas cosas. Lo mismo la Cooperativa Mirame, textil, de chicas. Y el martes pasado se lanzó el taller de formación y capacitación laboral. Y no hay fotos ni nada. Y una vez que se capaciten y se ubiquen en una empresa privada o en cooperativas, ahí lo damos a conocer. También trabajamos con la Cooperativa Esperanza, textil también, que lidera Noemí Santana. Con la Fundación Dignidad, que encabeza Cristina Almeida. La Cooperativa Ellos Crecen. Nombro algunas nomás, trabajamos con muchas. Fuimos parte del Punto Denuncia Tortura, que lanzó en 2020 la Comisión Provincial por la Memoria. Y trabajamos con organizaciones políticas que se sienten atravesadas por la temática pues tienen tutelados o personas privadas de libertad, llámese el MUP (Movimiento e Unidad Popular), el FDL, el Movimiento Evita. E instituciones como el INTA.

-En enero empezaron, un año intenso…

-Estamos armando equipos de abogados y trabajadore/as sociales del Patronato de Liberados que colaboran con nosotros. Entrevistamos en los penales para el pre egreso. Entrevistamos a más de 270 familias. Asistimos a las familias y a los liberados. Yo digo que políticas públicas hay, pero lo que hace falta es la acción pública. El desarrollo. Cómo le conseguimos. Hablamos con Diego Perrella (concejal mandato cumplido de San Martín) jefe de Gabinete de Desarrollo Social de Nación, para conseguir algunos cupos laborales. Se tiene que terminar con el estigma. La sociedad, las empresas, se tienen que quitar la careta, el velo, el estigma “son delincuentes”. Las personas pueden cambiar. Si nosotros articulamos, como lo hacemos, con el Patronato de Liberados de la provincia en San Martín, el municipio, las organizaciones sociales, el ministerio de Trabajo, lo vamos a lograr. El objetivo fundamental es que esa persona que sale no pise más la cárcel.