“Que el alivio fiscal no se convierta en un salvavidas de plomo”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifiesta su preocupación por el incremento de las cuotas que deben abonar las micro, pequeñas y medianas empresas incluidas en la moratoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debido a la suba de la tasa de interés definida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta situación se genera por la finalización, el mes pasado, del período de 12 meses de aplicación de tasas subsidiadas establecida en la Ley de Alivio Fiscal. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a afrontar un pago de las cuotas de la moratoria atadas a la nueva tasa Badlar definida por el BCRA y que en la actualidad se fijó en 87,5% N.A.

El panorama para una pyme ya era muy complejo previo al incremento de la tasa de interés del BCRA. En este nuevo contexto los pagos que deberán afrontar las pequeñas y medianas empresas saltarán de una a tres veces y media entre una cuota y otra. En ese sentido y debido a la gran preocupación de todo el sector Pyme, CAME elaboró un proyecto de ley para modificar parte de los artículos 6, 8 y 10 de la normativa vigente.

Así, entre los cambios solicitados por CAME destacan:


“La moratoria en plena pandemia fue necesaria para salvar a las pequeñas y medianas empresas que debieron afrontar una situación excepcional. Sin embargo, producto de los vaivenes macroeconómicos que afectan a nuestro país y que impactan de lleno en la microeconomía, las pymes hoy no tienen la capacidad de afrontar semejante aumento en las cuotas de sus planes de financiación. No van a poder pagar. La tasa Badlar genera una enorme incertidumbre en relación a la posibilidad de afrontar esas deudas, lo que la convierte en una nueva 1050”, resaltó el presidente de CAME, Alfredo González.

Las empresas que han adherido al plan de facilidades de pago definido por la ley aprobada durante la pandemia suman 155.888 microempresas y 21.501 pequeñas empresas.