Más de 10.000 personas con discapacidad y sus familiares, profesionales, transportistas y entidades que atienden sus problemáticas, manifestaron el miércoles en la Quinta de Olivos. La demostración se repitió en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán y San Luis, entre otros lugares. Padre Moledo: “no vemos el beneficio para las personas con discapacidad”.

Piden que se mantenga el arancel único de las prestaciones, que define el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad. Entregaron una carta para el presidente, Javier Milei. En esta entrevista el coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, el p. Pablo Moledo, da precisiones sobre la situación.

El reclamo es porque desde Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, su director, Diego Spagnuolo, presentó un proyecto decreto al presidente, Javier Milei, para que se desregule el arancel, y cada entidad pueda pagar a su parecer las prestaciones, con lo cual se desorganiza un sistema que ampara la Ley 24.901 de Discapacidad.  

La demostración tuvo lugar el miércoles último y el Foro entregó en Mesa de Entradas de la Quinta una carta de una carilla y media, donde expresa su preocupación, dirigida al presidente, Javier Milei, donde le piden claramente que “desestime” el proyecto de decreto y quedan a disposición para explicarle la situación.  

En esta entrevista, el padre Pablo Moledo, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, y titular de la Comisión de Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, explica los alcances del problema; y revela que no se ve en la desregulación algún beneficio a las personas con discapacidad.

-¿Cómo es actualmente el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad?

-Hoy las prestaciones reconocidas por ley, para las personas con discapacidad, tienen un arancel único para cada prestación. Lo que significa que tanto el PAMI; el Ministerio de Salud con los pensionados; y las obras sociales y prepagas tienen que pagar a los prestadores del sistema -que para eso tienen que acreditarse, cumplir con normativas y exigencias- el mismo arancel. Atrasado, como fuera, pero todos pagan el mismo arancel.

-¿Qué plantea el proyecto de desregulación que les preocupa?

-El proyecto plantea que, tanto el Estado, como el PAMI, la Superintendencia para las obras sociales y prepagas fije cada uno, por su lado, lo que desea pagar ¿Nuestra preocupación cuál es? Volver a lo que pasaba antiguamente (antes de la ley 24.901 que unificó los aranceles), cuando se pagan aranceles que no responden a los costos las instituciones van a empezar a elegir. Bueno, a ver, tal persona viene de tal obra social que paga menos de lo que nosotros necesitamos, entonces no trabajamos con esa obra social.

-¿Qué otros perjuicios acarrean el no tener un arancel único?

-Hoy un profesional, un transportista, cualquier prestador presta su servicio a cualquier institución. Salvo que sean obras sociales que pagan a los 120 días, que no es la generalidad, aceptan trabajar con cualquier institución. Pero con aranceles diversificados, que no respeten los reales costos, los prestadores van a dejar de trabajar con ciertas entidades. Es el riesgo que se corre. Se abre la puerta a ese riesgo. La verdad es que no se ve en los fundamentos del proyecto de decreto, no se ve para nada, cuáles son los beneficios que aporta a las personas con discapacidad. No hay ninguno. No se explica para nada.

-¿El proyecto no explica a qué apunta o qué mejora del sistema actual?

-La verdad es que no hay ningún fundamento, en el proyecto de decreto, que explique cuál es el beneficio para las personas con discapacidad y cuál el beneficio para el Estado. Hoy el sistema funciona, con sus fallas, pero funciona. Más allá de los aranceles que están atrasados 100% para los transportes; y 45% para instituciones y profesionales, esto con la inflación generada desde diciembre, porque es mayor el atraso. Y de las instituciones en crisis, o los transportistas que dejaron de funcionar. La verdad, no vemos el beneficio para las personas con discapacidad. Un funcionario, por ejemplo, decía “bueno, nosotros podríamos dar el 2% más que el PAMI”. Es irrisorio dar el 2% más que el PAMI en las prestaciones, cuando el arancel está atrasado el 45% no el 2%.

-¿A quién beneficia entonces?

-Y, cuando uno se encuentra que el proyecto de decreto dispone que uno de los que podría fijar su precio son, por ejemplo, las obras sociales y las prepagas, que hasta hace poco decían que ellos no tienen por qué cubrir las prestaciones de las personas con discapacidad, que es el Estado el que tiene que darles dinero, pienso que es muy difícil que funcione la desregulación del arancel. En febrero último, cuando el gobierno nacional por primera vez dio un aumento, la Superintendencia de Servicios de Salud, que es quien regula las obras sociales y prepagas, dijo que ellos no podían dar ningún tipo de aumento porque no tenían dinero para hacerlo. Entonces, si se desregula, es muy difícil pensar que van a mejorar los aranceles.

-El reclamo fue contundente ¿Cree que será tenido en cuenta?

-Quien presentó el proyecto, que es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con su director a cargo, el doctor Diego Spagnuolo, no puedo esperar que cambie. Porque cuando le preguntaron sobre el proyecto, hace poco, algunas instituciones, dijo “es un borrador”. Y resulta que el “borrador” ya tiene dictamen del área Legal y Técnica del Estado, para que lo firme el Jefe de Gabinete. Nunca fue un borrador.  Yo estuve reunido con él en la última reunión de aranceles y no comentó nada. Esperamos que el nuevo Jefe de Gabinete (Guillermo Francos)  pueda repensar este tema antes de firmarlo. Y que al presidente alguien le haga entender que no vemos el beneficio de todo esto. Y esperamos que los diputados y senadores, preocupados por este tema,  que presentaron otro proyecto para que una ley defina el único arancel de las prestaciones, sigan adelante. Y que lo que se quiere cambiar, por decreto,  termine dispuesto por una ley, para beneficio de las personas con discapacidad.

Gustavo Camps