Los concejales del Frente Renovador Federico Meca y Estefanía Rivadulla, cuestionaron la suspensión de los controles viales y exigieron que el Ejecutivo “denuncie a la gestión anterior si hubo irregularidades (…) Lanús hace show para la tribuna mientras pone en riesgo a los vecinos”.

Los concejales del bloque FR en el Concejo Deliberante de San Isidro, Federico Meca y Estefanía Rivadulla, cuestionaron con dureza la decisión del intendente Ramón Lanús de suspender por 180 días los controles viales en el distrito, medida que calificaron como “una irresponsabilidad que puede convertir en pistas de carrera a las avenidas principales de la ciudad”. 

“Queremos saber en qué se basa esta decisión. Si Lanús tiene pruebas concretas sobre las irregularidades cometidas por la gestión anterior respecto del sistema de fotomultas, que haga la denuncia penal correspondiente”, reclamaron los ediles.

La reacción resultó de la decisión del Ejecutivo local de frenar por decreto el sistema automatizado de sanciones de tránsito argumentando supuestas “inconsistencias” en los convenios firmados en 2020 y 2022 con la UNSAM y la UNSO. Ante esto, los ediles presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir explicaciones y advertir sobre los riesgos de dejar a San Isidro sin los controles viales adecuados.

“Lo que está pasando en realidad es que el PRO y La Libertad Avanza están librando su propia interna”, dijo Meca, quien calificó como “lamentable que se tomen decisiones sorpresivas y sin fundamentos”.

El concejal acusó al oficialismo de “montar un show para la tribuna” y advirtió: “Si Lanús realmente quiere cuidar la vida de los vecinos, que haga la denuncia penal”.

La concejala Rivadulla pidió que el Ejecutivo detalle “cómo se están implementando los operativos de control que reemplazan a las fotomultas”, porque sostuvo: “los vecinos necesitan claridad, y el accionar del oficialismo genera más dudas que certezas”.

Cuestionó también el momento en el que se adoptó la medida pidiendo que respondan por qué recién ahora se acuerdan de cuestionar convenios firmados hace más de dos años.  “Si había irregularidades y tenían las certezas, debieron actuar antes”.