Algunas consideraciones sobre el marco con lineamientos para el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, por parte del Centro de Estudios Políticos Argentinos (CEPA), determinan que existen: derechos de los EE.UU. y obligaciones de Argentina, impacto negativo sobre el aparato productivo, rendición sin precedentes de soberanía, y apertura del mercado argentino.

Consideraciones iniciales

El 13 de noviembre se comunicó desde la Casa Blanca una declaración conjunta sobre un marco con lineamientos para un acuerdo comercial y de inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos (en adelante, EE.UU.), titulado “JOINT STATEMENT ON FRAMEWORK FOR A UNITED STATES-ARGENTINA AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE AND INVESTMENT”. Si bien debe tomarse con relativa prudencia dado que llevará cierto tiempo hasta que el acuerdo pueda efectivizarse, lo publicado en este documento permite extraer una serie de conclusiones preliminares.

Primero, tal como el título preanuncia, se supone que es un marco para un acuerdo de concesiones recíprocas, pero en la realidad es un marco sumamente desbalanceado y asimétrico ya que sólo Argentina asume compromisos para un futuro acuerdo bilateral. Este es un primer punto muy sorprendente, ya que ni siquiera se listan de manera precisa las concesiones que haría EE.UU. en beneficio de nuestro país y se detallan, en cambio, numerosas concesiones hacia los Estados Unidos en cada uno de los puntos – barreras arancelarias y no arancelarias, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo y eliminación de ‘distorsiones’ de empresas públicas sobre algunos mercados, entre los ejes más importantes.

Así, resulta muy difícil asignarle al futuro acuerdo un carácter bilateral ya que no hay derechos y obligaciones equivalentes para las dos partes. Hay derechos de los EE.UU. y obligaciones de Argentina. Por otro lado, los términos informados por los EE.UU. no coinciden con los publicados por el gobierno argentino, dado el breve comunicado que se publicó por parte de la Oficina del Presidente. Al contrario, el comunicado argentino infiere consecuencias positivas que no surgen de lo informado oficialmente por la Casa Blanca.

Segundo, Argentina y Estados Unidos son economías que compiten en sectores relevantes, como el agro. Esto se agrava, además, por la diferencia de productividad, particularmente en el segmento industrial. El marco del acuerdo se realizó sin análisis sectoriales, sin consultas ni estudios. La apertura al ingreso de bienes de capital, automóviles, medicamentos y demás ramas industriales, significa un automático impacto negativo sobre el aparato productivo argentino. Resulta relevante que el texto del marco del acuerdo es similar al de El Salvador, Ecuador y Guatemala, siendo que estos países carecen del desarrollo industrial que sí tiene Argentina.

Tercero, el futuro acuerdo implicaría una rendición sin precedentes de soberanía en todas las materias: comercial, económica, social, laboral, jurídica y ambiental. Argentina, más que un socio comercial, se convertiría en una sucursal estadounidense. De hecho, se aplicarían normas estadounidenses para el comercio local en Argentina, incluso en áreas sensibles, como productos farmacéuticos y alimenticios. Argentina se compromete a seguir estándares y normas estadounidenses en una importante cantidad de sectores a expensas de las propias, lo que otorga una prioridad de acceso absoluta a los productores norteamericanos. El gobierno presenta esto como una adecuación a los estándares internacionales, pero en realidad en el mundo si bien hay acuerdos globales, ningún país resigna la posibilidad de tener sus propios estándares acorde a sus intereses, idiosincrasia y estructura productiva.

Cuarto, la difusión que se hizo del marco del acuerdo por parte de Estados Unidos indica: "Argentina ha desmantelado numerosas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas para el comercio internacional”. Esta aseveración sorprende, ya que omite la decidida política de aplicación de aranceles en tanto políticas de protección comercial del mercado estadounidense que encabezó la administración de Donald Trump, y que se dirigió a prácticamente todos los países del mundo desde el 2 de abril de 2025. Suena irrisorio que sea EE.UU. bajo la presente administración quien sostenga una retórica discursiva en pos del libre comercio. Es a todas luces evidente que el objetivo es que Argentina se convierta en un mercado abierto para la colocación de productos de Estados Unidos y que incluso se cierre a los productos de “economías no mercantiles” (tal como se detalla en el punto referido a condiciones laborales), expresión comúnmente usada en foros internacionales para desplazar la competencia china. Muy lejos de una propuesta de mejora de las condiciones productivas y de empleo para el país, Argentina ingresa – como contrapartida de la ayuda financiera a través del swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro de EE.UU. anunciado el 20 de octubre de 2025– en la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China, en tanto extensión del mercado de colocación de productos de empresas norteamericanas y con evidentes limitaciones para la concreción de proyectos de alto valor agregado y tecnología.

Quinto, los compromisos argentinos, orientados a favorecer a EE.UU. en la relación comercial, conllevan una necesaria trayectoria en relación a la administración del tipo de cambio. El acuerdo comercial no es suficiente per se para que los productos de EE.UU. beneficiados por el mismo tengan una colocación garantizada en el mercado. Es decir, requerirá, además, de un tipo de cambio bajo. Esto es importante porque por estas horas se debate la hoja de ruta cambiaria con una clara confrontación entre la mirada del FMI, más propicia a acumulación de divisas y por ende, un tipo de cambio más alto, y la postura del gobierno, con bandas cambiarias que lucen atrasadas.

Sexto, en términos constitucionales, los alcances del acuerdo atraviesan atribuciones sustanciales del Congreso de la Nación Argentina e incluso de las provincias, titulares dominiales de los recursos naturales (art. 124 de la Constitución Nacional). Según el artículo 75 de la Constitución Nacional, son atribuciones del Congreso:

  • Legislar en materia aduanera, inciso 1;
  • Reglar el comercio con naciones extranjeras, inciso 13;
  • Aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones, inciso 22.

Con este acuerdo, no solo se evitaría la participación del Congreso argentino para su aprobación, sino también que renuncie a sus atribuciones aduaneras y comerciales en lo sucesivo y en lo referente a los EE.UU.  CEPA señala que es pertinente que nuestro Poder Ejecutivo informe de inmediato los detalles del acuerdo y precise la supuesta necesidad e idoneidad de su contenido.