En un nuevo aniversario del 8 de marzo, un informe de CEPA (Centro de Estudios Políticos Argentinos) aporta datos para contribuir a la discusión pública en torno a las desigualdades de género. Las políticas económicas de la actual gestión profundizan las asimetrías estructurales preexistentes.

Brechas de género al tercer trimestre de 2025:

* La tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%).

* La tasa de desocupación es de 1,5 puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.

* La informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).

* Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayor que los de las mujeres; y  se amplía al 40% entre asalariadas/os informales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos. 

* Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año anterior.

En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Esto es, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.

Las consecuencias del modelo económico de Javier Milei tienen un impacto diferencial según género:

* Trabajo en casas particulares: se perdieron 22.436 puestos en el sector y una caída del 35,2% en el salario real.

* Educación: con una feminización del 73,1%, las docentes sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cerca del 12% del salario.

* Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno, principalmente, a través del congelamiento del bono a los jubilados de la mínima -donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas-.

* El veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años más que la jubilación ordinaria femenina).

La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene reformas que buscan: desregulación del mercado de trabajo, debilitamiento de la representación colectiva y transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital:

* Fondo de Asistencia Laboral (FAL): una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA, que equivale a un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”;

* Despidos por embarazo: La reforma elimina la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización;

* Banco de horas y flexibilidad: Permite que las horas extras se compensen con tiempo de descanso en lugar de pagarse, lo que genera incertidumbre horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre mujeres;

* Debilitamiento sindical y ataque directo a la negociación colectiva: Al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que se han logrado mediante la negociación colectiva;

* Período de prueba: se extiende el período de prueba -esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización- para trabajadoras de casas particulares, pasando de 15 días a 6 meses.