La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunió con el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación y presentó una serie de propuestas fiscales y de financiamiento.

Ricardo Diab, Beatriz Tourn y Blas Taladrid junto al presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías; y el vicepresidente de la Comisión de Comercio, Lisandro Nieri

Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores las principales necesidades y problemáticas que atraviesa el sector ante la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad que tiene como consecuencia el cierre de pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada…”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.

Uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes.

CAME propuso que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización.

Para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.

A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).

Los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. Los diputados presentes informaron que trabajarán en la declaración de la emergencia pyme