La Justicia confirmó la multa aplicada por Defensa del Consumidor a un banco.

La clienta, vecina de Martínez, descubrió los gastos en su homebanking y sus reclamos fueron rechazados en varias oportunidades. El organismo de control de San Isidro castigó la falta de respuestas y el "faltazo" a las audiencias de conciliación, en un fallo ratificado por el tribunal.

La vecina ganó una batalla judicial clave contra un importante banco (del que no se informó el nombre), que le exigía pagar más de 7 millones de pesos por consumos que nunca realizó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó una fuerte multa contra la compañía por vulnerar los derechos de su clienta y por faltar a las audiencias de conciliación convocadas por el Defensa del Consumidor de la Municipalidad.

El calvario de la damnificada comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando ingresó a su homebanking y descubrió el millonario fraude en el resumen de su tarjeta de crédito. En total, los estafadores habían gastado $7.116.189. De inmediato, la mujer radicó el desconocimiento de las operaciones ante la entidad emisora, pero recibió constantes respuestas negativas y rechazos a sus reclamos de forma sistemática.

En un confuso episodio, la empresa procedió meses después a acreditarle únicamente dos de los consumos desconocidos (por un valor de $62.400 y $480.000), pero continuó exigiéndole el cobro del resto de la abultada deuda sin darle ningún tipo de explicación ni justificativo técnico.

La vecina radicó la denuncia formal que dio inicio al expediente ante la Dirección General de Defensa del Consumidor a mediados de octubre de ese mismo año. Sin embargo, el banco adoptó una postura de total desinterés durante el proceso: de las cuatro audiencias oficiales fijadas para intentar llegar a un acuerdo, no se presentó a dos de ellas, a pesar de estar debidamente notificado en tiempo y forma.

El organismo de control determinó la responsabilidad de la empresa y le aplicó una doble penalidad económica que, en conjunto, roza los 9 millones de pesos. Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor fundamentaron la sanción al advertir que la firma "no brindó a la denunciante información clara, inequívoca y suficiente respecto a las transacciones desconocidas".

Luego de conocerse el fallo de la Cámara que ratificó la penalidad, desde el organismo de control municipal emitieron una fuerte advertencia dirigida a todo el sector financiero: "Las entidades bancarias y de crédito tienen la obligación legal y profesional de garantizar la seguridad de sus plataformas; no pueden trasladar el riesgo tecnológico ni la carga de la prueba a los usuarios".

A pesar de que el banco intentó apelar la resolución administrativa para evitar el desembolso, la Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó de manera definitiva la resolución de Defensa del Consumidor. El tribunal rechazó de cuajo los argumentos de la compañía y la obligó a abonar el total de las multas aplicadas, las cuales deberán ser liquidadas con los montos completamente actualizados al día de la fecha.