Síntesis del informe de CEPA (Centro de Estudios Políticos Argentinos).

Hay una escena que los veteranos de la política argentina reconocen de memoria que es un gobierno anuncia medidas históricas sobre Malvinas en cadena nacional, la prensa amplifica el gesto, los diplomáticos aplauden y después, en la práctica, todo queda en una declaración de principios. Esta vez, sin embargo, hay algo distinto. No porque las medidas sean espectaculares, sino porque están diseñadas para morder donde importa que es la billetera de las petroleras. Aunque, visto con cuidado, el "paquete histórico" tiene menos de nuevo de lo que el relato oficial sugiere.

El Decreto 868/2026 versa sobre la Ley 26.659 sancionada en 2011 que prohíbe a cualquier persona o empresa desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación nacional. No es una ley nueva. Tampoco lo es la prohibición. Lo que cambia es quién la aplica y con qué velocidad, ahora la Cancillería queda a cargo de un procedimiento sumarial abreviado. La maquinaria está diseñada para no dormirse en los expedientes, algo que, hay que reconocerlo, no ocurría antes.

El dato que verdaderamente incomoda a las grandes petroleras internacionales no es el procedimiento sancionatorio. Es el artículo que engancha el RIGI con Malvinas. A partir de ahora, cualquier empresa que quiera adherir al régimen de incentivos deberá firmar una declaración jurada que certifique que ni ella ni sus accionistas ni sus proveedores tienen participación directa o indirecta en actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas circundantes a Malvinas. La misma exigencia se extendió a los permisos de exploración y concesiones bajo la Ley 17.319.

El mensaje es claro: o trabajas en Argentina, o especulas con Malvinas. El canciller Pablo Quirno lo dijo sin vueltas: las empresas "van a tener que decidir" entre operar en Malvinas "en una zona disputada con una legalidad incierta" o venir a la Argentina, donde hay "reglas claras, previsibilidad y oportunidades". La Cancillería ya envió 180 notas diplomáticas a 29 países para advertir a firmas de servicios petroleros, financieros, de seguros y logísticos que podrían quedar alcanzadas.

Desde la publicación del decreto, el Gobierno inició procesos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley. La lista incluye a las operadoras del proyecto Sea Lion (la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum) pero también a sus directivos, accionistas, gerentes y proveedores de servicios. Navitas ya estaba inhabilitada por 20 años desde 2022. Rockhopper corre la misma suerte desde 2012.

Harbour Energy, empresa surgida de la fusión entre Chrysaor Holdings y Premier Oil PLC (compañía sancionada), plantea una clara paradoja dado que la Secretaría de Energía aún no ha resuelto su expediente. De determinarse una sanción en su contra, se generaría un serio inconveniente estratégico, ya que la firma no solo participa en el proyecto de GNL Southern Energy, sino que también es titular de áreas petroleras como “Cuenca Marina Austral I”. El expediente sobre Chevron Argentina S.R.L. también podría presentar la misma paradoja ya que años atrás CHEVRON CORPORATION. adquirió NOBLE ENERGY INC., otra empresa sancionada.

Lo nuevo no es la sanción. Es la velocidad y el alcance, la ley prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años, reversión de concesiones al Estado y multas equivalentes al valor de hasta 1.500.000 barriles de petróleo WTI. Para una petrolera mediana, es una condena a muerte. Para una grande, es un cálculo de riesgo que ya no cierra.

Hay, además, una pata penal. El artículo 7° de la ley vigente establece penas de 5 a 10 años de prisión para los directores, gerentes o representantes que hayan intervenido en los hechos punibles. La sola condición de director no genera responsabilidad automática, pero la exposición personal cambia el tablero. Ya no es solo la empresa la que arriesga: son los ejecutivos que firman las decisiones.

Varias de las empresas que el Gobierno dice que va a sancionar ya operan en el país, tienen contratos firmados, inversiones en curso y vínculos comerciales con las principales operadoras de Vaca Muerta. Las empresas de servicios petroleros SLB (ex Schlumberger), Baker Hughes y Halliburton tienen una presencia central en el shale argentino. Trabajan con YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol. Las tres salieron a aclarar, después del anuncio, que no participarán en proyectos en Malvinas. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué pasa con las que sí participan, directa o indirectamente, y que al mismo tiempo tienen negocios en Argentina? ¿Se las sanciona? ¿Se les revierten concesiones? ¿Se les impide operar en Vaca Muerta?